Jueces y fiscales amenazan con una huelga indefinida a partir del 16 de mayo salvo que el Gobierno acceda a sus reivindicaciones salariales. La convocatoria la apoyan la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). Otros colectivos como Jueces y Juezas para la Democracia o la Unión Progresista de Fiscales han optado por esperar a los resultados del diálogo con el Gobierno de este 3 de mayo antes de tomar una decisión.
Los firmantes, en cualquier caso, abren la puerta a desistir de sus intenciones en caso de que se atiendan sus demandas en la reunión del miércoles con los ministerios de Justicia y de Hacienda, a los que acusan de desoír sus peticiones y voluntad de diálogo desde hace años. Hacienda, el departamento que dirige la ministra María Jesús Montero, será quien lleve la voz cantante, en tanto y cuanto es responsable de aprobar la partida presupuestaria que permitiría este aumento salarial.
Una reclamación de 2009
La protesta, señalan los firmantes de la convocatoria, se justifica tanto por «la pérdida de poder adquisitivo» de jueces y fiscales desde 2009 como por «la cada día más compleja labor que implica el ejercicio de estas funciones». La amenaza de paralizar la administración de justicia llega después de que el Gobierno alcanzara a un acuerdo con los letrados judiciales tras una huelga de dos meses. El Ejecutivo aceptó en marzo subidas medias de entre 430 y 450 euros brutos al mes. Tras este pacto, el camino quedó expedito para las reclamaciones salariales del resto de trabajadores públicos de Justicia, desde los de menor rango hasta los jueces y fiscales.
Las asociaciones progresistas esperarán a la respuesta del Gobierno antes de sumarse al paro
Los funcionarios del Ministerio comenzaron su huelga el 17 de abril y obligaron a suspender juicios de calado, como el que afecta al expresidente valenciano Francisco Camps por su supuesta relación con la trama ‘Gürtel’.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá establecer los servicios mínimos para que la administración de justicia mantenga su funcionamiento en causas urgentes. Las propias asociaciones admiten la necesidad de preservar la actividad en procesos que afecten a levantamientos de cadáveres, órdenes de prisión para detenidos puestos a disposición judicial o cuestiones contencioso-administrativas que conciernan a derechos fundamentales. Se marcan también líneas rojas en las que se debe respetar el paro, como serían los juicios inmediatos por delitos leves.
La paralización de la justicia impactaría de lleno en la campaña electoral para las municipales y autonómicas del 28-M
Desde el Ministerio de Justicia se critica que este paso de las asociaciones judiciales y fiscales no favorece a la negociación, menos aún cuando está prevista la reunión del miércoles cuando se abordarán estas subidas salariales. De consumarse el paro en la justicia impactará de lleno en la campaña electoral para las municipales y autonómicas del 28-M. Todo ello en un contexto en el que Podemos, socio minoritario del Gobierno, carga desde hace meses contra los jueces a cuenta de las rebajas de las penas a delincuentes sexuales tras la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’. Según la ministra de Igualdad, Irene Montero, los jueces son «machistas y de derechas». La repulsa y malestar por declaraciones de este tipo se evidenciaron hasta dentro del propio Consejo de Gobierno. «No me gustan las descalificaciones a los jueces con carácter general», respondió Margarita Robles, ministra de Defensa y magistrada de carrera.
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