La Rioja recurre la Ley de Amnistía que es «inconstitucional y quiebra la igualdad»

Martes, 10 de septiembre 2024, 11:40

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Un día antes de que finalizara el plazo, el Gobierno de La Rioja ha presentado este martes en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la Ley de Amnistía por entender que supone «un ataque a la democracia y a la configuración constitucional de igualdad, ya que se aprueba para favorecer a sujetos muy concretos, y vulnera los principios de seguridad jurídica y separación de poderes», ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez, tras anunciar la decisión de interponer este recurso, «siguiendo las recomendaciones del Consejo Consultivo de La Rioja.

La Comunidad Autónoma, según concluye este órgano consultivo regional de mayor rango en su reciente informe, actúa «con plena legitimación» para presentar este procedimiento en el TC y sumarse para dar este paso al resto de comunidades del PP –Andalucía, Aragón, Valencia, Madrid, Galicia, Baleares, Cantabria, Extremadura, Murcia o Castilla y León– y también a Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, crítico con Pedro Sánchez.

Algunas de estas regiones han incluido en sus recursos recusaciones contra los magistrados del Constitucional, algo que no ha hecho La Rioja porque así lo han decidido los servicios jurídicos del Gobierno «y porque tampoco es una cuestión sobre la que se haya pronunciado el Consejo Consultivo», ha apuntado Domínguez, pero el Ejecutivo regional «está de acuerdo en que hay razones para la recusación». De hecho, se adherirán a las recusaciones presentadas por otros gobiernos y por otras instituciones «cuando llegue el momento».

Porque lo que tienen claro en el Palacete es que la tramitación de la norma «adolece de importantes defectos, incluidas vulneraciones constitucionales puestas de manifiesto por organismos e informes», entre ellos el Consejo de Europa a través del Comisión de Venecia así como el Consejo General del Poder Judicial o la Secretaría General del Senado. La Ley de Amnistía para los encausados del ‘procés’ «supone la quiebra de algunos principios fundamentales de la organización territorial del Estado», ha dicho Alfonso Domínguez. Y, además, supone «no solo una amnistía penal sino una amnistía dineraria de todas aquellas condenas por delitos de malversación». Todo ello «afecta a la Hacienda del Estado español y por lo tanto también a la Haciendas de las comunidades autónomas».

El apoyo de Junts a Sánchez

Los procedimientos legislativos acelerados «no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía dada su naturaleza controvertida». En este caso, ha explicado el portavoz del Ejecutivo de Capellán, «se utilizó la proposición de ley y el procedimiento de urgencia, de manera que se omitieron informes de órganos consultivos en una ley de indudable trascendencia constitucional».

La amnistía «no aparece regulada ni mencionada en la Constitución», ha recordado Domínguez, porque «fue voluntad del legislador no incluirla». Y, en cualquier caso, «del hecho de que no figure en la Carta Magna no se puede interpretar que las Cortes Generales tienen libertad para decidirlo todo, menos lo expresamente prohibido» por la Constitución. De hecho, «la prohibición de indultos generales –en la Constitución– abona esta idea». Por ello, la regulación de la amnistía «exigiría previamente una reforma constitucional en forma y fondo, no de manera encubierta y fraudulenta», consideró.

La ley aprobada a final de mayo «dinamita decisiones firmes adoptadas por el poder judicial, quiebra los principios de igualdad jurídica y seguridad jurídica y manifiesta una rotunda arbitrariedad porque», en opinión del portavoz del Gobierno, solo tiene una finalidad: obtener los siete votos de Junts per Catalunya para la investidura de Sánchez.

Pendientes de la financiación para las autonomías

El Gobierno riojano espera la convocatoria de la Conferencia de Presidentes o del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que son los foros adecuados «para discutir y negociar sobre la financiación de las comunidades y de los servicios públicos. Es una cuestión que afecta a todos los españoles», dijo el portavoz del Ejecutivo. A juicio de Domínguez, el problema que tienen las autonomías y el Estado «no es de deuda, es de financiación. Una condonación de la deuda supondría una pequeña ventaja para las comunidades en el pago de intereses que no tiene nada que ver con la colosal pérdida de recursos que sufriría La Rioja si se aprueba un modelo de financiación singular para Cataluña».

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